Como hábiles equilibristas deberán actuar los diputados de la comisión legislativa de Hacienda para cumplir su plan de generar más recaudación al Estado sin afectar la seguridad jurídica y sin desincentivar a uno de los sectores económicos más importantes del país como son los puertos.
Cualquier mal paso podría estropear un negocio que ha crecido en los últimos años de manera exponencial y, en un escenario extremo, podría volver vulnerable al Estado a posibles demandas.
Por decisión gubernamental se busca con el proyecto No. 1 proscribir la equiparación en los contratos pasados y futuros donde está involucrado el Estado.
Pero el proyecto legislativo está en marcha cuando las inclemencias internacionales han quitado dinamismo al movimiento de contenedores en los puertos locales.
Solo en mayo se ha registrado una caída en el número de contenedores en comparación al mismo mes de 2008, tanto por unidades (-3.4%) como en TEU (-5.2%).
Hay menos carga que transportar, según la Autoridad Marítima de Panamá. Específicamente, 13.3% menos que en 2008.
El presidente de la comisión, José Isabel Blandón, trata de ser políticamente correcto. Dice que “la discusión no se está haciendo de una manera apresurada porque se trata de un tema sensitivo y estamos hablando de actividades económicas que generan ingresos importantes en el producto interno bruto”.
“Estamos de acuerdo con la posición del Gobierno, en el sentido de que estas concesiones deben dar el mayor beneficio posible al país y cuando hablamos de seguridad jurídica, también
se debe respetar la del Estado panameño y no solo la de las empresas”.
Abrir la óptica
Blandón destaca el aporte de 17 millones de dólares que hicieron el año pasado las tres empresas concesionarias de los puertos por movimiento de contenedores.
“Como producto de las equiparaciones en los últimos tres gobiernos, el Estado ha dejado de percibir cifras importantes”, afirma el diputado.
Pero ese enfoque no es compartido por los operadores portuarios que insisten en que se abra la óptica y se evalúe al sector por todo lo que representa en la economía en cuestión de inversiones, empleos y en el sostén de empresas auxiliares.
Así lo expusieron en la comisión legislativa donde, por separado, dieron sus argumentos en contra de la iniciativa legislativa.
El proyecto llega en plena crisis, añaden, donde el 10% de la flota mundial de contenedores está anclada, lo que equivale a una capacidad de 1.4 millones de TEU.
Todos los pronósticos aseguran que la sobreoferta se va a agravar porque hay nuevas construcciones de embarcaciones en marcha.
El cambio legislativo que haga pagar más a los puertos puede desestabilizar a un sector golpeado por la crisis, dice Carlos Urriola, gerente general de Manzanillo International Terminal.
Manzanillo aporta 16 millones de dólares en salarios en Colón, 653 mil dólares en comidas y paga 3 millones de dólares por movimiento de vehículos.
Los principales clientes de los puertos panameños tienen una creciente capacidad ociosa que para este operador significó una disminución de 20% en 2008.
“Cualquier decisión que se tome podría impactar sensitivamente a nuestra actividad”, explica Urriola.
El ejecutivo indica que el sistema portuario local no se puede comparar con el de ningún otro país porque el 90% de la carga que se mueve es internacional, a diferencia de países como Estados Unidos y Colombia, que tienen una base económica grande donde sostener su actividad.
Urriola advirtió que en la actualidad el 34% de los contenedores que se mantienen en su centro de trasbordo está vacío, pero manejarlos es parte de los incentivos de la operación.
“En la actualidad se trabaja con reglas claras, gracias a una Ley General de Puertos promulgada en 2008 que se acordó con todos los sectores y que regula la actividad”, explica el gerente de Manzanillo.
Los efectos de la nueva ley podrían repercutir en la actividad del ferrocarril transístmico y todas las industrias auxiliares.
Preocupación
Cada Gobierno tiene su receta y revisa los términos y condiciones del sector y eso lo ve con preocupación el operador Colón Container Terminal (CCT).
“Hemos cumplido con nuestras obligaciones de invertir 300 millones de dólares de inversión, manteniendo 650 plazas de trabajo”, sostuvo Raúl Borrel, representante de CCT.
La competencia de Panamá como centro de trasbordo es intensa sobre una carga que no está comprometida y puede moverse, advierte el gerente de mercadeo de Panama Ports Company (PPC), Rommel Troetsch.
Al menos cuatro puertos de contenedores buscan arrebatarle contenedores a las terminales panameñas, entre los que se encuentran el de Cartagena (Colombia), Caucedo (República Dominicana), Kingston (Jamaica) y Manzanillo (México).
La carga, que en su totalidad no está comprometida, puede ir en cualquier momento a esos centros de trasbordo, según la necesidad de las líneas navieras y por cualquier factor, ya sea por huracanes, inestabilidad política o por encontrar mayores facilidades.
El ejecutivo de Panamá Ports advierte que por efecto de la crisis las líneas navieras se han fusionado y esto les da mayor poder de negociación.
Se espera que hoy la comisión siga discutiendo el proyecto de ley y participen otros sectores afectados como los representantes de las salas de juegos y azar.
Tomado de:http://www.martesfinanciero.com
0 comentarios:
Publicar un comentario